La planeación fiscal forma parte de una adecuada administración empresarial. No consiste únicamente en calcular impuestos o cumplir declaraciones, sino en conocer las disposiciones fiscales aplicables, analizar las operaciones de la organización y evaluar las alternativas legales disponibles para tomar decisiones con mayor información.

Una empresa puede encontrarse frente a distintas opciones para realizar una operación, efectuar una inversión, adquirir activos, reconocer ingresos o estructurar determinados gastos. Por ello, conocer previamente sus efectos fiscales permite identificar tratamientos y consecuencias que pueden resultar favorables para la organización, siempre dentro del marco jurídico aplicable.

En Grupo Consultor ANMI consideramos que una adecuada planeación debe partir del conocimiento de la operación, continuar con el análisis de las alternativas disponibles y concluir con una implementación correctamente documentada.

¿Qué debemos entender por planeación fiscal?

La planeación fiscal puede entenderse como un proceso de análisis mediante el cual una empresa estudia sus operaciones y las disposiciones tributarias que pueden afectarlas, con el propósito de identificar las distintas alternativas fiscales relacionadas con las decisiones que pretende llevar a cabo.

Su objetivo es buscar tratamientos y consecuencias fiscales favorables para la empresa, considerando siempre las disposiciones legales correspondientes.

En este proceso pueden analizarse, entre otros aspectos:

• La ubicación de la empresa y la existencia de tratamientos fiscales favorables o programas de apoyo aplicables en determinadas entidades.
• La posibilidad de acelerar o diferir ingresos o gastos de acuerdo con las necesidades y características de la operación.
• La canalización de inversiones hacia conceptos que puedan contar con tratamientos fiscales preferentes.
• La selección de métodos aplicables a la depreciación de activos fijos y valuación de inventarios.
• El cumplimiento de requisitos fiscales necesarios para obtener las deducciones correspondientes.
• La identificación de exenciones, subsidios o diferimientos previstos en las disposiciones aplicables.

Esto significa que la planeación debe realizarse antes de ejecutar las operaciones, ya que su utilidad se encuentra precisamente en evaluar anticipadamente sus posibles consecuencias.

Marco jurídico que puede afectar las operaciones de una empresa

La actividad empresarial está relacionada con diferentes ordenamientos jurídicos. Dependiendo del tipo de empresa, actividad y operación realizada, pueden intervenir disposiciones fiscales, laborales, mercantiles, civiles y de seguridad social.

Entre los principales ordenamientos que pueden afectar las actividades de un negocio se encuentran:

• Ley de Ingresos de la Federación.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Ley del Seguro Social.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del FONACOT.
• Ley del INFONAVIT.
• Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Código Civil.
• Código de Comercio.
• Código Fiscal de la Federación.
• Legislación aduanera aplicable.

Por esta razón, una decisión empresarial no necesariamente debe analizarse únicamente desde la perspectiva del ISR o del IVA. Dependiendo de sus características, una misma operación puede producir consecuencias en distintas materias.

Las 4 etapas de la planeación fiscal

Para desarrollar una planeación ordenada es conveniente establecer una metodología. De manera práctica, el proceso puede dividirse en cuatro etapas principales.

1. Análisis de la operación

El primer paso consiste en establecer claramente qué pretende realizar la empresa.

Antes de buscar una alternativa fiscal deben reunirse los elementos relacionados con la operación y analizar la legislación que pudiera afectarla.

En esta etapa resulta importante responder preguntas como: ¿qué operación se realizará?, ¿quiénes participarán?, ¿cuál es su objetivo?, ¿qué efectos económicos tendrá?, ¿qué disposiciones pueden resultar aplicables?

Mientras mayor sea el conocimiento de la operación, mejores elementos existirán para evaluar sus consecuencias.

2. Determinación de alternativas

Una vez reunida la información necesaria, pueden identificarse las diferentes combinaciones o alternativas fiscales relacionadas con la operación.

El propósito no debe ser seleccionar automáticamente la alternativa que aparentemente genere el menor impuesto, sino identificar aquellas opciones que jurídicamente puedan utilizarse y posteriormente comparar sus efectos.

3. Análisis de las opciones

Cada alternativa debe evaluarse desde diferentes perspectivas.

Uno de los primeros elementos es la posibilidad jurídica. La alternativa seleccionada no debe contravenir las disposiciones legales aplicables.

También debe analizarse el costo administrativo, ya que determinadas estructuras pueden generar obligaciones, controles, documentación o procedimientos adicionales.

Finalmente, puede evaluarse la posible disminución de la carga fiscal derivada de cada alternativa. Sin embargo, el beneficio esperado debe ser suficientemente relevante frente al costo administrativo necesario para implementar y mantener la opción seleccionada.

4. Aplicación de las opciones elegidas

La última etapa consiste en implementar la alternativa seleccionada.

Es aquí donde la planeación pasa del análisis a la operación y comienza a reflejar sus resultados.

La correcta aplicación resulta especialmente importante porque una alternativa puede ser jurídicamente viable, pero perder efectividad cuando no se cumplen las formalidades, documentación, comprobación o requisitos fiscales correspondientes.

¿Cómo actúan las personas morales? (Código Civil)

Para comprender las operaciones realizadas por una sociedad también es necesario recordar que una persona moral cuenta con personalidad jurídica propia, distinta de las personas que la integran.

El documento analizado señala que las personas morales son entidades reconocidas por la ley como sujetos de derechos y obligaciones y que cuentan con elementos propios, como nombre, patrimonio, domicilio, capacidad y nacionalidad.

El Código Civil establece aspectos fundamentales para comprender su actuación.

Artículo 26

Las personas morales pueden ejercitar los derechos necesarios para realizar el objeto de su institución.

Esto vincula la capacidad de actuación de la persona moral con los fines para los cuales fue constituida.

Artículo 27

Las personas morales actúan y se obligan por medio de los órganos que las representan, ya sea por disposición de la ley o conforme a lo establecido en sus escrituras constitutivas y estatutos.

Este punto adquiere especial relevancia en las operaciones empresariales, porque permite comprender quién puede actuar y asumir obligaciones en representación de la sociedad.

Artículo 28

Las personas morales se rigen por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.

En consecuencia, antes de estructurar determinadas operaciones no solamente debe revisarse la legislación fiscal. También resulta necesario considerar los documentos corporativos de la propia organización.

La importancia de los órganos de administración

Las sociedades actúan mediante sus órganos. El material analizado identifica, entre otros, a la Asamblea General de Accionistas, el órgano de administración y el órgano de vigilancia.

En el caso de una sociedad anónima, la administración puede estar a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables; cuando existen dos o más administradores, constituyen el Consejo de Administración.

Asimismo, la Asamblea General de Accionistas representa un elemento fundamental dentro del funcionamiento corporativo, pues puede acordar y ratificar actos y operaciones de la sociedad y participar en el nombramiento o remoción de funcionarios conforme corresponda.

Por ello, una adecuada planeación debe considerar tanto la parte tributaria como la estructura jurídica y corporativa de la persona moral.

Planeación fiscal no significa incumplimiento

Uno de los elementos esenciales de cualquier estrategia debe ser su viabilidad jurídica.

El análisis fiscal no debería partir únicamente de la pregunta:

“¿Cómo puedo pagar menos impuestos?”

Una evaluación empresarial más completa debería preguntarse:

“¿Qué alternativas legales existen para realizar esta operación y cuáles son sus efectos fiscales, jurídicos, financieros y administrativos?”

La diferencia es importante.

Una planeación adecuada requiere analizar las opciones permitidas por las disposiciones, cumplir los requisitos establecidos y conservar los elementos necesarios para acreditar las operaciones realizadas.

Por ello, el beneficio fiscal no debería analizarse de manera aislada; debe formar parte de una decisión empresarial integral.

La documentación también forma parte de la estrategia

Una decisión puede ser adecuada desde el punto de vista económico, pero presentar problemas cuando no cuenta con el respaldo corporativo, contractual, contable o fiscal correspondiente.

Por ejemplo, el propio material destaca la importancia de que determinados pagos relacionados con órganos de administración estén contemplados en los estatutos sociales o, en su caso, sean acordados por la asamblea correspondiente.

Esto demuestra un principio importante:

La planeación fiscal no termina cuando se elige una alternativa; también debe cuidarse su implementación y soporte documental.

Actas, contratos, CFDI, registros contables, comprobantes de pago y demás documentación aplicable pueden convertirse en elementos fundamentales para demostrar la naturaleza y realidad de una operación.

Las disposiciones fiscales cambian constantemente

Otro aspecto que las empresas deben considerar es la actualización permanente.

Las disposiciones fiscales pueden modificarse de un ejercicio a otro. Por ello, una estrategia que resultó adecuada en determinado momento no necesariamente conservará los mismos efectos en ejercicios posteriores.

Las reformas fiscales, reglas administrativas, criterios de las autoridades y demás modificaciones normativas pueden cambiar las condiciones bajo las cuales se diseñó originalmente una operación.

Por esta razón, resulta recomendable revisar periódicamente las estrategias implementadas y prestar especial atención a las modificaciones que puedan presentarse durante el ejercicio y con motivo de las disposiciones aplicables al siguiente año.

Una planeación efectiva debe ser integral

La planeación fiscal no debería visualizarse como una actividad aislada del resto de la organización.

Para que realmente contribuya a la toma de decisiones debe relacionarse con diferentes áreas:

Contabilidad + Fiscal + Finanzas + Jurídico + Operación + Administración

La combinación de estas perspectivas permite comprender mejor las consecuencias de cada alternativa y reducir el riesgo de tomar decisiones basadas exclusivamente en un posible ahorro tributario.

Una alternativa puede parecer fiscalmente atractiva, pero resultar poco conveniente debido a su costo administrativo, complejidad operativa o implicaciones jurídicas.

Conclusión

La planeación fiscal comienza con algo aparentemente sencillo: conocer profundamente la operación que pretende realizar la empresa.

A partir de ahí deben identificarse las disposiciones aplicables, determinar las alternativas existentes, evaluar su viabilidad jurídica y administrativa y, finalmente, implementar correctamente la opción seleccionada.

También debe recordarse que las personas morales actúan mediante sus órganos de representación y se encuentran sujetas tanto a las leyes correspondientes como a su escritura constitutiva y estatutos. Por ello, la dimensión corporativa y la fiscal deben analizarse conjuntamente.

Una empresa informada tiene mejores herramientas para anticipar consecuencias, documentar correctamente sus operaciones y tomar decisiones con una visión preventiva.

En Grupo Consultor ANMI promovemos una cultura de actualización, prevención y cumplimiento que permita convertir la información fiscal y contable en una herramienta para la toma de decisiones empresariales.

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